La gestión de gobierno abarca todos los aspectos sobre la manera en que se gobierna un país, lo que comprende sus políticas económicas, el marco regulatorio y el respeto al Estado de derecho.
Una gestión de gobierno deficiente supone mayores incentivos y oportunidades para la corrupción: el abuso del cargo público para beneficio privado. La corrupción socava la confianza del público en su gobierno. También amenaza la integridad del mercado, distorsiona la competencia y pone en peligro el desarrollo económico.
Debido a que la gestión de gobierno deficiente es tan perjudicial, el FMI adoptó en 1997 su política sobre El papel del FMI en materia de gestión de gobierno. En 2018, el FMI adoptó el Marco para reforzar la labor del FMI en materia de gestión de gobierno. El marco tiene la finalidad de promover una colaboración más sistemática, eficaz, franca e imparcial con los países miembros en temas de gestión de gobierno que afectan al desempeño macroeconómico, entre otros, la corrupción.
El FMI promueve la buena gestión de gobierno a través de sus áreas de trabajo, que incluyen el asesoramiento sobre políticas, la concesión de préstamos y el fortalecimiento de las capacidades. Cuando es conveniente, se introducen medidas para fortalecer la gestión de gobierno como parte de la condicionalidad de un programa. Estas medidas podrían exigir que se mejoren los controles sobre el gasto público, se reduzca la facultad discrecional de la administración de ingresos, y se publiquen cuentas auditadas de los organismos gubernamentales, los bancos centrales y las empresas estatales.
Otras medidas pueden centrarse en aumentar la transparencia de la gestión de los recursos naturales, mejorar la supervisión bancaria o redoblar los esfuerzos para luchar contra la corrupción y el lavado de dinero. El asesoramiento sobre políticas del FMI incluye exámenes anuales de las políticas económicas de los países, que se realizan mediante las consultas del Artículo IV. En este proceso, el personal técnico del FMI puede analizar las consecuencias económicas derivadas de una gestión de gobierno deficiente y asesorar sobre las reformas para fortalecer la gestión de gobierno y luchar contra la corrupción.
El FMI también presta asistencia técnica para desarrollar instituciones económicas eficaces y asesorar a los países sobre políticas para mejorar la gobernanza y luchar contra la corrupción.
El FMI promueve la buena gestión de gobierno en dos ámbitos principales. El primero tiene que ver con la gestión de recursos públicos, mediante reformas de las instituciones del sector público. El segundo ámbito abarca la creación de un entorno económico y regulatorio que sea estable, transparente y propicio para las actividades del sector privado. Algunas de las iniciativas se desarrollan en estrecha cooperación con otras organizaciones internacionales.
El FMI anima a los países miembros a mejorar la rendición de cuentas mediante la divulgación de información, de conformidad con su política de transparencia.
El FMI, junto con el Banco Mundial, evalúa el cumplimiento de las normas internacionales sobre transparencia de sus países miembros en 12 ámbitos de política, en el contexto de su Iniciativa sobre Normas y Códigos.
Con respecto a las políticas fiscales, monetarias y financieras, el FMI ha elaborado códigos que establecen principios de transparencia, por ejemplo, el Código de Transparencia Fiscal.
El FMI colabora con otras instituciones y donantes en el programa de gasto público y rendición de cuentas financieras (PEFA)
En relación con los países ricos en recursos naturales, el FMI publicó su Guía sobre la transparencia del ingreso proveniente de los recursos naturales. En 2010 se puso en marcha el Fondo fiduciario para fines específicos, de múltiples donantes, para prestar asistencia técnica en la gestión de los recursos naturales.
Para mejorar la transparencia, la calidad y la puntualidad de los datos, el FMI anima a sus miembros a suscribirse a las Normas Especiales para la Divulgación de Datos (NEDD) o participar en el Sistema General de Divulgación de Datos (SGDD).
El FMI participa en los programas internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT). Evalúa los marcos legales y regulatorios en materia de ALD/LFT de sus países miembros, ofrece asistencia técnica y realiza estudios orientados a la formulación de políticas en este ámbito.
El FMI participa en varias iniciativas sobre gestión de gobierno, entre ellas, la Iniciativa para la transparencia de las industrias extractivas y el Grupo de Trabajo Anticorrupción del G20, y colabora con la iniciativa para la Recuperación de Activos Robados (StAR).
Con el fin de salvaguardar sus recursos, el FMI evalúa los marcos de transparencia y gestión de gobierno de los bancos centrales de los países a los que presta dinero.
Para promover una buena gestión de gobierno dentro de su organización, el FMI cuenta con medidas de integridad, como es el código de conducta del personal del FMI, reforzado con requisitos de información y certificación financiera, así como sanciones. Existe un código de conducta similar para los miembros del Directorio Ejecutivo, además de una línea directa en defensa de la integridad que ofrece protección para los denunciantes. La Oficina de Ética del FMI asesora a la institución y a sus funcionarios en cuestiones de ética, examina casos de supuesta transgresión de normas y reglamentos, y está a cargo del programa de capacitación sobre ética e integridad para todos los miembros del personal.
