El crimen violento y la inseguridad tienen un impacto desproporcionado en América Latina y el Caribe, con graves consecuencias para el desarrollo socioeconómico. A pesar de representar solo el 8% de la población mundial, la región concentra casi un tercio de los homicidios globales. Estas y otras estadísticas alarmantes destacan la urgente necesidad de estrategias integrales para abordar los efectos de gran alcance del crimen y la violencia.
Nuevas investigaciones del BID y el FMI destacan cómo el crimen, la inseguridad y el bajo crecimiento se alimentan mutuamente en un ciclo vicioso que frena la inversión, reduce el turismo y acelera la emigración. La inestabilidad macroeconómica—recesiones, picos de inflación y creciente desigualdad—está asociada con el aumento de la violencia. La fácil disponibilidad de armas de fuego y el crimen organizado amplifican estos efectos, debilitando las instituciones y el estado de derecho.
Cuantificando los Costos del Crimen
Un reciente estudio del BID cuantifica las pérdidas directas, estimando que el crimen y la violencia cuestan a la región un 3,4% del PIB anual. Estos costos surgen de la pérdida de productividad causada por vidas perdidas, lesiones y encarcelamientos; del gasto del sector privado en seguridad; y del gasto público en servicios policiales, judiciales y penitenciarios. Esto equivale al 80% de los presupuestos públicos de educación de la región y al doble de los gastos en asistencia social.
Pero el impacto del crimen no termina ahí. Frena la inversión, reduce el turismo y fomenta la emigración, debilitando aún más la resiliencia económica y limitando el crecimiento futuro de la región. Un estudio del FMI revela que el crimen desacelera la innovación y reduce la productividad empresarial, agravando el estancamiento económico con el tiempo. Utilizando datos geolocalizados de iluminación nocturna, el estudio encuentra que reducir a la mitad las tasas de homicidio en municipios violentos podría aumentar su producción económica hasta en un 30%. A nivel regional, como mostró la investigación del FMI del año pasado, reducir las tasas de homicidio al promedio global podría aumentar el crecimiento anual del PIB de América Latina y el Caribe en 0,5 puntos porcentuales.
Por otro lado, la inestabilidad macroeconómica a menudo alimenta picos de violencia: una recesión en ALC está asociada con un aumento del 6% en los homicidios al año siguiente, mientras que picos de inflación por encima del 10% están vinculados a un aumento del 10% en los homicidios el año posterior. El aumento de la desigualdad exacerba aún más el vínculo entre estancamiento económico y crimen.
¿Cómo pueden los responsables de políticas ayudar a romper el ciclo?
Romper este círculo vicioso requiere una comprensión más profunda de sus causas e impactos. La investigación rigurosa y mejores datos son esenciales para diseñar políticas públicas que reduzcan eficazmente el crimen. Instituciones como el BID y el FMI pueden generar evidencia, monitorear las dinámicas del crimen, asesorar a los países miembros y facilitar debates. Dada la importancia macroeconómica del tema en la región, las instituciones reunieron a expertos y responsables de políticas en una conferencia conjunta hace unas semanas.
Primero, una política económica sólida desempeña un papel preventivo. La estabilidad, la baja inflación, las redes de protección social robustas y las oportunidades que reduzcan la desigualdad y amplíen el acceso a la educación y el empleo son fundamentales para romper el ciclo de violencia y estancamiento. Las autoridades financieras también tienen una posición única para debilitar las redes criminales al abordar los mercados ilícitos, restringir los flujos financieros y combatir el lavado de dinero, cortando los recursos que sostienen el crimen organizado.
En segundo lugar, dado que el impacto del crimen va mucho más allá de los costos económicos directos, los responsables de políticas económicas deben adoptar un papel más amplio, enfocándose en grupos de alto riesgo, mejorando el monitoreo del crimen y fortaleciendo la coordinación interinstitucional.
Intervenciones efectivas pueden ofrecer resultados transformadores. Con el apoyo del FMI, Jamaica implementó reformas, entre el 2012 y 2022, que protegieron la inversión pública y el gasto social mientras redujeron la deuda a la mitad. Las intervenciones comunitarias apoyadas por el BID redujeron la violencia de pandillas en un 68% de los barrios afectados.
En la provincia de Rosario, Argentina, se implementó una estrategia integral para combatir el crimen, que incluyó control territorial de barrios de alto riesgo por parte de la Policía Federal, sistemas penitenciarios más estrictos para delincuentes de alto perfil y enjuiciamientos colectivos de grupos criminales bajo nuevas legislaciones, como la ley antimafia. Estos esfuerzos, junto con avances en un código penal juvenil para disuadir a los traficantes de drogas de reclutar menores, llevaron a una reducción del 65% en homicidios en 11 meses. En Honduras, reformas estratégicas de seguridad contribuyeron a una disminución del 14% en la tasa de homicidios y un aumento del 8% en la confianza pública en las fuerzas de seguridad.
Los responsables de la formulación de políticas deben priorizar el uso efectivo de los recursos dada la magnitud del desafío. El gasto público en seguridad en la región ya es alto—alrededor del 1,9% del PIB, o el 7,4% del gasto público total—y puede ser aún mayor en lugares donde están involucrados fuerzas militares y gobiernos subnacionales. Los ministros de finanzas y las autoridades fiscales deben tener una comprensión integral de estos costos, que incluyen los asociados a la policía, los tribunales, las prisiones y otras instituciones relacionadas, para asegurar una asignación eficiente de recursos hacia las áreas de mayor impacto. También deben monitorear estos gastos de la misma manera que supervisan otras grandes partidas presupuestarias, evaluando su impacto y exigiendo resultados.
El Crimen Transnacional Exige Cooperación Regional
Enfrentar el crimen únicamente a nivel nacional no es suficiente. Los grupos criminales operan más allá de las fronteras, haciendo que las respuestas aisladas sean ineficaces y fragmentadas. Para abordar este desafío compartido, los países deben colaborar más estrechamente para desarrollar soluciones más sólidas y coordinadas.
Reconociendo la naturaleza transnacional del crimen, la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo del BID, busca unir a gobiernos, sociedad civil y actores del sector privado. Esta alianza no solo tiene como objetivo fortalecer las instituciones y mejorar la cooperación, sino también apoyar políticas públicas y movilizar recursos para implementar soluciones basadas en evidencia que combatan eficazmente el crimen organizado y la violencia.
La colaboración regional es crucial para desmantelar las redes sofisticadas e interconectadas del crimen organizado que socavan el estado de derecho y la estabilidad económica. Al fomentar esfuerzos unificados, instituciones como el FMI y el BID, junto con gobiernos y sociedad civil, desempeñan un papel fundamental en este esfuerzo.
Con vidas en juego, el impacto real de estos esfuerzos debe sentirse en el terreno: creando calles más seguras, restaurando la esperanza en las comunidades y ofreciendo a las personas una oportunidad real de prosperar económicamente en un futuro libre de violencia.
