La desigualdad del ingreso en México es alta y ha disminuido poco en los últimos diez años. Aun así, nuestro análisis indica que el gasto social, en especial las transferencias gubernamentales, resultaron eficaces para aliviar la pobreza y frenar la desigualdad del ingreso durante ese período. Según nuestros estudios, puede atribuirse a las transferencias monetarias del gobierno la mitad de la reducción total de la pobreza y un 16% de la reducción observada en la desigualdad entre 2004 y 2016.
La desigualdad en México sigue siendo alta.
En 2016, la desigualdad del ingreso en México era comparable a la de otros países de América Latina, pero era muy superior a la de otras economías de mercados emergentes y a la de países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El 20% más rico de los hogares mexicanos gana diez veces más que el 20% más pobre; esta relación duplica la proporción en otros países de la OCDE. Y este nivel de desigualdad no ha disminuido significativamente desde 2004, a diferencia de lo que sucedió en varios países latinoamericanos.
Gran parte de esta desigualdad se origina en la desigualdad de ingresos laborales. Encontramos profundas desigualdades del ingreso por nivel de educación, lo que puede traducirse en un nivel de desigualdad del ingreso laboral alto.
Otros tipos de ingreso, como las remesas y las transferencias sociales, tienden a reducir la desigualdad del ingreso.
En cambio, otros tipos de ingreso, en especial las transferencias privadas y públicas, como las remesas y las transferencias sociales, tienden a reducir la desigualdad del ingreso y han sido un catalizador fundamental de la disminución de la pobreza y la desigualdad desde 2004.
Las transferencias monetarias focalizadas y las pensiones no contributivas benefician más a los hogares pobres.
Nuestro análisis se centra en cinco programas sociales que existían en 2016: 1) el programa Prospera de transferencias monetarias condicionadas ; 2) el programa Pensión para Adultos Mayores de pensiones no contributivas para adultos mayores ; 3) Proagro, el programa de subvención al agro; 4) becas otorgadas por el gobierno, y 5) transferencias médicas no monetarias de servicios médicos gratuitos o subvencionados.
En 2016, esos cinco programas representaban aproximadamente la mitad del presupuesto total de los programas de desarrollo social del gobierno federal mexicano, inventariados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y entre 2% y 2½% del PIB.
Nuestro análisis indica que, en general, los hogares pobres e indígenas, los que recibieron menos educación, los que vivían en zonas rurales y en el Sur, u hogares más grandes, tenían más probabilidad de recibir una transferencia gubernamental del primer programa y, en promedio, recibían un monto mayor.
También observamos que los hogares con más educación y de mejor situación económica, cuyos hijos tenían más posibilidades de cursar estudios universitarios, tenían una mayor probabilidad de obtener becas del gobierno y el monto de esa beca tendía a ser más alto.
Si bien todas las transferencias gubernamentales eran progresivas, es decir, contribuyeron a reducir la desigualdad, algunas eran más progresivas que otras. Prospera y las pensiones no contributivas fueron los programas más eficaces para reducir la pobreza y la desigualdad porque estaban dirigidos a hogares en el nivel inferior de la distribución del ingreso.
Prospera y Pensión para Adultos Mayores representaron alrededor de la mitad de las transferencias totales del gobierno que recibía un hogar promedio, pero fueron responsables de más de dos tercios de la reducción en la brecha del ingreso a través de transferencias públicas. Asimismo, los dos programas ayudaron a los hogares a superar los efectos adversos de distintas circunstancias, como la condición y el tamaño de la localidad en la que vivían, a lo que se denomina “desigualdad de oportunidad.”
Transferencias sociales más progresivas.
El análisis indica que hay margen para mejorar la focalización de los programas sociales existentes, tales como las becas de estudio y las transferencias médicas no monetarias, ya que el monto promedio de la transferencia desde estos programas es mayor para los hogares de más recursos. Posiblemente, esto obedezca a que los hogares de mejor posición económica tienen más acceso a la educación terciaria y a servicios médicos, lo que eventualmente limita la naturalezaprogresiva de esos programas. La reorientación de los programas hacia los hogares más pobres mejoraría la función redistributiva de las transferencias públicas.
Nuestros resultados ponen en evidencia que una focalización adecuada es fundamental para maximizar el impacto de las transferencias sociales para reducir la desigualdad. Sin embargo, nuestro análisis se limita al efecto estático de las transferencias sobre el ingreso de los hogares y no tiene en cuenta los cambios dinámicos que pueden inducir los requisitos que exige el gobierno para poder acceder a determinadas transferencias.
Dado que el gobierno mexicano recientemente creó nuevos programas sociales para reemplazar Prospera, sería interesante volver a realizar el análisis en unos años para evaluar la eficacia de la nueva política de transferencias públicas.
